En caso de que el propietario de una casa o inmueble comercial desaloje a un inquilino por cualquier razón sin agotar el trámite judicial correspondiente, estaría enfrentando penas carcelarias que irían desde tres hasta los cinco años de prisión.
Así lo establece el informe de una comisión especial que dirigió el diputado perremeísta Amado Díaz. El informe se emitió tras el estudio, a cargo de una comisión, del proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, propuesto por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco.
El documento ahora debe debatirse en alguna sesión de los diputados, que decidirán con sus votos si aprueban o rechazan la pieza de ley.
Según el artículo 51 del informe al proyecto de ley, los propietarios, arrendadores o abogados que ejecuten un desalojo sin las formalidades judiciales serían sancionados con penas de tres a cinco años de prisión, además de la imposición de una multa que iría desde los 10 hasta los 20 salarios mínimos del sector público.
