La reciente sentencia del caso Antipulpo, que involucra a la familia del expresidente Danilo Medina, ha generado diversas reacciones en la sociedad dominicana. El tribunal dictaminó siete años de prisión para Alexis Medina, hermano del exmandatario. Aunque en la práctica cumplirá aproximadamente cinco años, considerando el tiempo ya pasado en prisión preventiva y arresto domiciliario.
Participación Ciudadana, representada por la coordinadora general, Leidy Blanco, señaló en el programa Despierta con CDN que, aunque esta sentencia marca un hito al ser la primera vez que familiares de un expresidente son condenados por corrupción. La pena resulta insuficiente frente a la magnitud del delito. Blanco considera que el sistema judicial fomenta el “hartazgo ciudadano” mediante procesos que se extienden por años y sentencias que no reflejan la gravedad de los crímenes contra el patrimonio público.
Félix Portes habla de la sentencia
El abogado Félix Portes destacó que varios implicados apelarán la sentencia. Y expresó preocupación por aquellos que fueron absueltos tras sufrir daños reputacionales durante el proceso. Ambos especialistas coincidieron en que el Ministerio Público debería apelar para buscar penas más severas.
La magistrada a cargo del de Medina caso calificó las pruebas presentadas como “ricas”, reconociendo que se comprobaron delitos como soborno, falsedad de escritura y asociación de malhechores. Sin embargo, cuestionó la cantidad excesiva de documentación aportada.
Los analistas señalaron deficiencias estructurales en el sistema judicial, como la sobrecarga de trabajo de los jueces y la falta de recursos adecuados para manejar casos complejos. La sentencia, cuyo texto íntegro estará disponible el 25 de septiembre, representa un avance en la lucha anticorrupción. Pero deja un “sinsabor” por la percepción de que delinquir contra el Estado sigue siendo “un buen negocio”.
Lo que debe hacer el Ministerio Público, según Leidy Blanco
“Es un buen negocio ir al Estado, hacerse rico con los recursos del Estado, con la pobreza, la desigualdad, la marginación. Porque muchos de estos recursos son sustraídos a las instituciones más vulnerables y entonces cumplir siete años. Que realmente no estará cumpliendo siete años como lo dijimos antes de iniciar el programa, nos deja claro un sabor que es necesario que el Ministerio Público apele esta decisión”, expresó Blanco.
Tomado de CDN
