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Faride Raful afirma in en busca de la verdad con sus demandas por difamación

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, hizo público su compromiso con la protección de la dignidad de las personas en momentos en que interpone querellas por presunta difamación e injuria.

La funcionaria se refirió a los temas al concluir la reunión de seguimiento a la Fuerza de Tarea Conjunta que se celebra cada lunes, justamente previo a que los tribunales conozcan las demandas en contra de los señores Ángel Martínez e Ingrid Jorge.

“Esto es un tema que, cuando una persona repone a la justicia, solamente está buscando que prevalezca la verdad y ya la justicia se encargará en ese caso”, declaró Raful a preguntas de periodistas.

La mañana de este lunes, los medios se enteraron del depósito realizado por su equipo legal ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, a través del abogado Miguel Valerio.

Con esto se produce la puesta en marcha de las acciones mencionadas por Raful en un vídeo publicado en las redes sociales semanas atrás.

“Nunca he ocultado quién soy, cómo vivo ni lo que pienso. Por eso creo que, al ser coherente, toda mentira que nace tiene fecha de vencimiento”, declaró en esa ocasión, entendiendo que era blanco de una campaña de descrédito.

Fundamento de las querellas
En la querella se acusa a Martínez y a Jorge de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 367 del Código Penal Dominicano.

Es una instancia interpuesta el pasado 30 de mayo, la cual se fundamenta en graves acusaciones de difamación, daños y perjuicios, así como en afirmaciones falsas que vinculan a la funcionaria con actividades ilícitas y conductas sexuales inapropiadas.

En una presentación por separado, se aduce que los señalamientos difundidos por Martínez y Jorge son injuriosos y carentes de fundamento, con el aparente objetivo de dañar la imagen pública y profesional de Raful.

Por esto, se solicita que Martínez y Jorge sean condenados al pago de 50 millones de pesos cada uno, por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los delitos cometidos.

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