Este viernes se presentará ante la Oficina de Servicos de Atención Permanente del Distrito Nacional, el conocimiento de medida de coerción a los cuatro vinculados a una red de corrupción que presuntamente se dedicaba a la reventa ilegal de señales de televisión y servicios de plataformas de streaming.
El Ministerio Público depositó la noche del miércoles la solicitud de medida de coerción y pidió al tribunal imponer una medida cautelar consistente en 18 meses de prisión preventiva, además de que el caso sea declarado complejo.
Autoridades judiciales informaron que fue desmantelada la supuesta estructura de piratería tecnológica que operaba mediante la comercialización ilícita de contenidos de reconocidos canales de televisión y plataformas digitales.
Un equipo de 30 fiscales encabezó 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en conjunto con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Terrorismo, la Unidad de Investigación Criminal (UIC) y la Fiscalía del Distrito Nacional.
La operación contó además con la colaboración del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y del Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, junto a la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
Asimismo, durante las inspecciones, practicados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, fueron ocupados equipos electrónicos, documentos y vehículos.
El órgano acusador explicó que los integrantes de la red obtenían millonarias ganancias ilícitas con la venta ilegal de programas de televisión, series y películas, en violación a los derechos de autor.
Las investigaciones revelaron que cuatro de los implicados ya habían sido condenados en Estados Unidos en 2017 por hechos similares de piratería digital.
El esquema criminal alegadamente incluía el uso de sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de las plataformas de televisión paga y streaming, así como el uso de criptomonedas para los pagos, que luego eran introducidos al sistema financiero a través de maniobras de lavado de activos.
Los imputados enfrentarán cargos por violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
